“A mi no me preguntaron” es la respuesta que dan los estudiantes de la Universidad Panamericana de Cuenca, cuando se les pregunta si los evaluadores del CONEA los entrevistaron para elaborar el informe que pone a esta universidad en la categoría E del informe que emitió el Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que lo preside el matemático Arturo Villavicencio.

Así lo confirmó Villavicencio ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, cuando, en una sesión realizada el 27 de noviembre, sin presencia de la prensa pero con mucha concurrencia de asesores, invitados y asambleístas, le colocaron ante un paredón de preguntas.

La pregunta que le hizo palidecer fue si podía especificar a cuantos estudiantes, de los 300 mil aproximadamente que tiene el sistema de educación superior en el país, entrevistaron los evaluadores del CONEA para emitir este informe. 

A ninguno fue la respuesta de Arturo Villavicencio, “a ninguno porque no consideramos necesario entrevistar a los estudiantes”, insistió y esa expresión desató un murmullo entre los asistentes, porque se supone que ellos, los estudiantes, son el principio y el fin de todo este proceso que comenzó en Montecristi con la ley que derogó la ley de creación de la Universidad Cooperativa de Colombia, a la que le detectaron una serie de irregularidades desde años atrás.

Dentro de esa ley, que se conoce como mandato 14, se colocó una transitoria donde se ordena al CONESUP y al CONEA evaluar este sistema y entregar a la Función Legislativa los respectivos informes para que se proceda con las recomendaciones.

Pero el secreto no está en los informes, está en la política, porque en derecho público, es decir, en las leyes que regulan al Estado y sus instituciones, las cosas se deshacen del mismo modo como se hacen, es decir, si las 26 universidades de la categoría E se crearon por ley, por ley tendrán que desaparecer; ahí está el problema, quién va a emitir esa ley con el costo político que significa enviar a su casa a miles de estudiantes, sus padres de familia, profesores, trabajadores y socios, hasta que el sistema los vuelva a recoger para terminar sus carreras.

Por orden de la ley, es el Presidente del CONESUP, el que debe recomendar este proceso a la Asamblea y algún asambleísta debe redactar el proyecto y presentarlo, sino lo puede hacer el propio Presidente de la República, como colegislador.

Gustavo Vega, cuencano Presidente del CONESUP, está a punto de presentar seis obras escritas entre las cuales consta una que será de valioso aporte a la cultura nacional porque se trata de una historia de la cultura en el mundo pero el momento político no es el más propicio para sus intenciones académicas por todas la les leyes polémicas que debe enfrentar el gobierno en la Asamblea donde no tiene 63 votos para contar con la certeza de aprobarlas sin necesidad de recurrir a los aliados de turno.

Pero ante todo, el informe del CONEA perdió piso político porque ha sido cuestionado no solo por la oposición y las universidades, incluso por las que están en categoría A, como las dos grandes de Cuenca, la estatal y la Católica, que respaldan a sus “hermanas menores” con las cuales marcharon juntas por las calles de Cuenca, el jueves 10 de diciembre; sino que el informe ha sido cuestionado por el propio César Rodríguez, asambleísta de PAIS quien pidió su archivo, porque, no solo que no se evaluó a los estudiantes, sino que, según reconoció en esa reunión semi reservada, Villavicencio, el informe no es vinculante ni acusatorio ni es un ranking de universidades sino simplemente un diagnóstico, pero el asunto es que si el informe no es nada de eso en qué se basará la ley que derogue a las universidades mal calificadas.

La pregunta aún no tiene respuesta pero las 26 universidades han comenzado a trabajar para defenderse basadas en el respaldo de sus estudiantes y ante todo de su prestigio.
Son casi 40 mil estudiantes de esas 26 universidades, 2 mil profesores, unos 500 trabajadores, entre otros, que reclaman certezas sobre su situación, lo que sucede es que los técnicos del CONEA no  midieron los efectos políticos de su informe.
El cascabel del gato tendrá que ponerse la Comisión de Educación de la Asamblea que la preside un azogueño, Raúl Abad, y tramitar la ley o la disposición legal que elimine estas universidades o se les permita continuar trabajando pero con el compromiso de mejorar su estructura y calidad.

No le fue bien al lojano Arturo Villavicencio en la Asamblea, incluso con los asambleístas de PAIS que lo cuestionaron.
Solo su paisano, Mao Moreno, representante de Loja, anunció que sus paisanos le harán un homenaje por su trayectoria académica y por ser miembro del grupo que recibió el premio Nobel de la Paz, junto al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore.
Será un buen consuelo frente al tormentoso panorama que se le viene encima y ante el cual ha anunciado de antemano su renuncia.

Dr. Edison Miño.